LAS AGRESIONES DE HIJOS MENORES A SUS PADRES SE DUPLICAN EN SOLO DOS AÑOS
La crisis no ha supuesto de momento un significativo aumento de la delincuencia, si bien esta siguió creciendo por sexto año consecutivo en 2009; en concreto un 1,5 por ciento respecto al año anterior, una cifra que se califica de «discretísimo incremento» y de «dato esperanzador» en la Memoria de la Fiscalía General del Estado conocida ayer.
Dentro de los 4.750.913 procedimientos por delito incoados el año pasado hay que destacar algunos aumentos más que preocupantes, que evidencian que la verdadera crisis se ha trasladado a los hogares españoles. Así, el incremento más llamativo es el que atañe a la violencia familiar, pues en solo dos años se ha duplicado el número de agresiones de hijos menores hacia sus progenitores. Si en 2007 se abrieron 2.683 diligencias por este motivo, durante el pasado año se produjeron 5.201. Y no es el único dato de gravedad en este ámbito: en 2009 crecieron un 24 por ciento los delitos contra las relaciones familiares. Así, se iniciaron 29.827 procedimientos, de los que casi todos se correspondían con denuncias de abandono de familia en sus distintas manifestaciones, que se dispararon un 26 por ciento.
Hubo nada más y nada menos que 19.219 casos de impagos de pensiones tras la separación de parejas, lo que a juicio de la Fiscalía manifiesta «la persistencia en situaciones graves de incumplimiento de obligaciones de protección y cuidado respecto de los miembros más débiles del grupo familiar».
La violencia y los abandonos familiares ocupan parte importante en la Memoria y son objeto de una de las propuestas de reforma legislativa. La Fiscalía de Valencia aboga por aplicar un tipo penal autónomo al absentismo escolar y el derecho a la educación en busca de un castigo a la actuación de padres y tutores.
En la línea de años anteriores, la Jurisdicción de Menores concita gran atención por parte de los fiscales. La noticia positiva respecto a esta delincuencia es que se ha vuelto a las cifras de 2006, tras unos años de crecimiento continuo. En 2009 se incoaron un total de 110.212 procedimientos, cuatro mil quinientos menos que el año anterior.
No obstante, aumentaron los delitos de lesiones —17.887 frente a 16.412 de 2008—, lo que representa la cifra más alta en siete años. Además, subieron los robos con fuerza —de 8.225 en 2008 a 9.673 en 2009— y los hurtos cometidos por menores de edad, que pasaron de 7.669 a 8.520. Los robos con violencia o intimidación se mantuvieron en los niveles anteriores.
Bajan los más graves
Por primera vez, la Fiscalía recoge el número de delitos en los que el infractor tiene menos de 14 años: 13.499 hechos, que han sido archivados dado que por debajo de esa edad el menor es inimputable. Sin embargo, el Ministerio Público deja constancia del «indudable interés criminológico» de la cifra, que ayudará en el futuro a tener una visión global de la evolución de esta delincuencia perpetrada por quienes los norteamericanos denominan «young starters».
A diferencia de otros años, se aprecia una clara disminución en los delitos más graves, es decir aquellos que se cometen contra la vida e integridad física, contra la libertad sexual, contra el patrimonio y contra el orden público. No obstante, en los apartados específicos (léanse procedimientos incoados por homicidio y/o asesinato causados intencionadamente) se han producido leves incrementos, en concreto del tres por ciento: 1.378 durante el año pasado, frente a los las 1.337 casos que se registraron en 2008.
El año pasado, también relacionado en parte con la crisis, crecieron los delitos de falsedad y los que suponen una violación de los derechos de los trabajadores, además de los que se dirigen contra la Administración Pública y la Administración de Justicia.
La reforma penal de mayor calado que plantean los fiscales es la modificación de la ley para impedir que las mujeres maltratadas por sus parejas se acojan al derecho a no declarar contra su agresor durante el juicio. Según la Fiscalía de Barcelona, esta dispensa se ha convertido en una «auténtica vía de escape» para los maltratadores y «frecuentísima» causa de sentencias absolutorias. También en cuanto a violencia machista se propone eliminar el alejamiento obligatorio en caso de condena para evitar quebrantamientos, una medida reclamada con insistencia por jueces y fiscales desde hace tiempo.
Respecto de los menores, la Fiscalía de Sevilla quiere evitar problemas procesales en los casos en que se producen agresiones sexuales que acaban con asesinato (como el caso Marta del Castillo). Para ello plantea que todos los implicados en una causa, sean mayores o menores, sean juzgados conjuntamente.
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